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30 de Julio de 2023
En el marco del proyecto “Observatorio de Derechos Humanos y Buena Gobernanza” que se implementa por la Comisión Ecuatoguineana de Juristas, en el año 2022 se ha podido registrar un total de 67 casos de violaciones de derechos humanos contra mujeres o niñas. El 20% de los casos afecta a grupos vulnerables (grupos LGTBIQ+, migrantes o minorías étnicas).
Lo más alarmante es que el 10% de estos casos registrados son delitos sexuales contra mujeres y niñas. Algunos relatos se refieren incluso a mujeres embarazadas. Es alarmante porque los delitos sexuales están excesivamente ocultados, muchos casos no llegan al conocimiento del público, por lo que el 10% indicado es el mínimo. Se debe tener en cuenta que el observatorio se basa únicamente en casos publicados por medios de comunicación y redes sociales.
Los hechos más graves registrados tuvieron lugar en la isla de Annobón, siendo los supuestos agresores, en estos casos concretos, miembros de los cuerpos de Defensa y Seguridad ecuatoguineana (militares y policías), quienes, supuestamente, llevan bastantes años cometiendo atropellos de este tipo pero no han salido a la luz.
Annobón es el lugar más recóndito del país, aislado, con menor presencia gubernativa, y por ello mayor impunidad dado que las víctimas no presentan denuncias por miedo a las represalias. No obstante, hemos podido constatar de fuentes publicadas en diversos medios nacionales que no solo son objeto de violación las niñas y mujeres en Annobon, sino que también se han dado casos en las dos grandes ciudades del país y en los poblados. Queremos insistir en que solo hemos identificado parte de los casos porque han sido publicados, pero en el día a día se producen casos de violaciones que no llegan a conocerse. Son muy pocas las ocasiones en que se hacen públicos casos de esta índole, y cuando así sucede, casi siempre permanecen impunes debido a que las autoridades no realizan las diligencias necesarias para castigar conforme a Derecho a los perpetradores. En los casos en que se impulsa un procedimiento judicial, no se llega a garantizar su exitosa culminación, los casos son gestionados con mediación y acuerdos extrajudiciales entre las víctimas o sus familias y los presuntos delincuentes..
Es menester recordar que las mujeres y niñas en Guinea Ecuatorial son amparadas y protegidas por leyes nacionales, así como de convenios internacionales que protegen su libertad sexual, prohibiendo y castigando todo acto de violación contra las mismas.
El Código penal vigente en Guinea Ecuatorial, en su título XIII, trata de los delitos contra la libertad sexual, castiga los actos de violación, agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual y explotación sexual y, aunque no identifique el género de la víctima, reconoce que son objeto de protección.
Cuando echamos la mirada hacia el ámbito internacional, nos encontramos con numerosos instrumentos a favor de la libertad sexual de la mujer y la niña, así por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, ratificada por Guinea Ecuatorial el 23 de octubre de 1984, establece que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres, y prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia, así como reparar a las víctimas.
Por otro lado, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas la define como: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
A pesar de que existen instrumentos legales para la protección de la mujer, la persistencia de casos de violación, especialmente de niñas en Guinea Ecuatorial como el caso de Annobón mencionado, se hace necesaria una concienciación a la ciudadanía y poderes públicos, para prevenir la violencia sexual, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a los órganos judiciales, con la finalidad de que los perpetradores se hagan responsables de sus sus actos y reparen los daños causados a sus víctimas.
Es crucial que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público para la persecución de los actos de violación sexual y se hace imperante la adopción de una ley especial sobre violencia contra las mujeres, como recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Finalmente, en 2019, el Gobierno de Guinea Ecuatorial se comprometió en el último Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas a cumplir con hasta 21 recomendaciones relacionadas con la erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas. Guinea Ecuatorial será reevaluada una vez más el próximo año 2024 sobre el grado de cumplimiento de estas recomendaciones.
Fuentes:
Ley núm. 4/2022, de fecha 17 de agosto, del Código Penal de la República de Guinea Ecuatorial
Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer
El Vicepresidente exige justicia sobre un supuesto caso de violación en Annobón
Mujeres guineanas denuncian violaciones impunes de militares de Obiang en la isla de Annobón
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