Madrid, Ginebra y Washington, D.C., 18 de junio de 2026 .- La Asociación Africana de Educación para el Desarrollo (ASAFED), la Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ), y EG Justice expresan su profunda preocupación por las graves denuncias relativas a los acontecimientos ocurridos en la isla de Annobón durante los primeros días de junio de 2026. 

De acuerdo con información difundida públicamente, incluyendo material audiovisual que circula en redes sociales y testimonios recibidos de familiares de personas afectadas, miembros de las fuerzas de seguridad habrían empleado fuerza física contra residentes de la isla, incluidos menores de edad. Asimismo, se ha informado de la presunta detención de decenas de personas, entre ellas adultos y menores, en circunstancias que podrían ser incompatibles con las garantías establecidas en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Guinea Ecuatorial. 

Las denuncias conocidas hasta la fecha apuntan a posibles casos de detención arbitraria, incomunicación, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes. De confirmarse, tales hechos constituirían graves vulneraciones de derechos protegidos por la Constitución de la República de Guinea Ecuatorial, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales aplicables.

Las organizaciones firmantes observan con especial preocupación las denuncias que afectan a menores de edad. El Estado tiene la obligación reforzada de garantizar la protección de la infancia y de asegurar que toda actuación de las fuerzas de seguridad respete los principios de necesidad, proporcionalidad, interés superior del menor y protección contra cualquier forma de violencia, abuso o trato degradante.

Igualmente, las organizaciones firmantes expresa suma preocupación por las denuncias relativas a posibles restricciones impuestas a prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa, incluidas limitaciones al uso de vestimenta tradicional y a la celebración de actividades comunitarias. De confirmarse, tales medidas podrían constituir una vulneración de los derechos a la libertad de religión, cultura, asociación y participación en la vida cultural de la comunidad, protegidos por la Constitución de Guinea Ecuatorial y por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, cuyo artículo 17 reconoce el derecho de toda persona a participar libremente en la vida cultural de su comunidad y cuya jurisprudencia ha reafirmado la obligación de los Estados de proteger la identidad cultural de los pueblos y comunidades que integran sus territorios.

Estos hechos se producen además en un contexto previamente documentado de restricciones a las telecomunicaciones, dificultades de acceso a información independiente y denuncias recurrentes sobre detenciones sin las debidas garantías procesales en la isla de Annobón.

ASAFED, la CEJ, y EG Justice recuerdan que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser informada sin demora de las razones de su detención, a ser puesta a disposición de una autoridad judicial competente dentro de los plazos legalmente establecidos, a contar con asistencia letrada, a comunicarse con sus familiares y a recibir atención médica adecuada cuando sea necesaria.

"Las imágenes y testimonios que estamos recibiendo desde Annobón son profundamente preocupantes. Ningún Estado puede justificar la violencia contra menores de edad, la incomunicación de detenidos o la supresión de manifestaciones culturales pacíficas. Las autoridades tienen la obligación legal de garantizar la seguridad de la población respetando plenamente los derechos humanos y el Estado de derecho. Lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la rendición de cuentas de todos los responsables", afirmó Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EG Justice.

Por su parte, Don Cruz Melchor Eya Nchama, Presidente de ASAFED, declaró: "Annobón no solo enfrenta problemas de aislamiento geográfico; enfrenta también un riesgo creciente de aislamiento político y cultural. Las denuncias que estamos recibiendo son especialmente graves porque afectan no solo a personas concretas, sino también al ejercicio colectivo de la identidad cultural, religiosa y comunitaria del pueblo annobonés. La protección de la diversidad cultural no es una concesión del Estado, sino una obligación reconocida por el derecho africano e internacional."

"Toda nación tiene intereses fundamentales que debe proteger: su territorio, sus pueblos y su patrimonio histórico y cultural. Cuando se atenta contra las tradiciones, expresiones culturales y formas de vida de una comunidad, no solo se lesionan derechos individuales; también se daña una parte del patrimonio colectivo de la nación. Por ello, resulta imprescindible que se permita una verificación independiente de los hechos y que se garantice la protección efectiva de la población de Annobón frente a cualquier forma de abuso o represalia."

La ausencia de información oficial verificable, unida a las denuncias de incomunicación y restricciones al acceso independiente a la isla, hace especialmente urgente el establecimiento de mecanismos de verificación imparciales que permitan esclarecer los hechos y prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.

En consecuencia, las organizaciones firmantes solicitan a las autoridades de Guinea Ecuatorial:

1. Que informen públicamente sobre el número, identidad y situación jurídica de todas las personas detenidas en relación con los hechos ocurridos en Annobón.

2. Que garanticen el acceso inmediato de las personas detenidas a asistencia letrada, atención médica y comunicación con sus familiares.

3. Que se investiguen de manera independiente, imparcial y efectiva las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y violaciones de derechos humanos.

4. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos culturales, religiosos y comunitarios de la población annobonesa.

5. Que se asegure la protección especial de los menores de edad presuntamente afectados por estos acontecimientos.

6. Que se permita el acceso a Annobón de observadores independientes, organizaciones humanitarias y mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.

La CEJ, EG Justice y ASAFED hacen asimismo un llamamiento a los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), así como a otros organismos regionales e internacionales competentes, para que den seguimiento a la situación, soliciten información a las autoridades y adopten las medidas que estimen oportunas para la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población afectada.

La gravedad de las denuncias conocidas hasta la fecha, particularmente aquellas que involucran a menores de edad, exige una respuesta urgente, transparente y conforme al Estado de derecho. La protección de la dignidad humana, las garantías procesales y los derechos fundamentales no admite excepciones.

ASAFED 

Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ)

EG Justice