En África Guinea Ecuatorial se sitúa entre los 5 peor puntuados y en último lugar en la Comunidad Economica y Monetaria del Africa Central.
31 Enero de 2021
A pesar del plan anticorrupción del FMI por 280 millones de dólares, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 publicado por Transparencia Internacional, Guinea Ecuatorial se mantiene con 16 puntos sobre 100 y entre los 10 países más corruptos del mundo (174º de 180 países), lo que significa que la verdadera pandemia es la corrupción, afirmaron EG Justice y la Comisión Ecuatoguineana de Juristas.
En los últimos años el gobierno de Guinea Ecuatorial ha ratificado la Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención Africana de Prevención y Lucha Contra la Corrupción empujados por el plan de reformas acordado con el Fondo Monetario internacional. Sin embargo, estos avances no han servido para que los expertos en buena gobernanza hayan mejorado su percepción de la corrupción en el país.
En Julio de 2020, el gobierno publicó un Decreto-Ley anticorrupción, parece que con el único objetivo de cumplir con los compromisos internacionales porque la ley no ha sido desarrollada con la creación de órganos como la Comisión Nacional Anticorrupción, como ya ocurriera con el Tribunal de Cuentas en 2012. En un análisis detallado de la ley, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas ha podido constatar con preocupación que la ley no regula los procesos de extradición, un elemento importante si se tiene en cuenta los supuestos casos de corrupción que afectan al Vicepresidente en Francia, al Ministro de Minas en Portugal o al anterior Director de GEPETROL en España, entre otros. La ley también parece eximir al presidente y vicepresidente de la república de la obligación de presentar una declaración de bienes como se exige para todo servidor público. Sorprende, finalmente, algunas previsiones que parecen intentar limitar el rol de la sociedad civil como pieza clave en la buena gobernanza, o la amenaza a la tutela judicial efectiva al equiparar a los abogados con funcionarios de la judicatura.
Durante el 2020 la pandemia ha mermado una economía dependiente del petróleo, la inflación ha superado el 5% según el propio gobierno. La ralentización de la economía implica un aumento del desempleo. Por su parte la pandemia de COVID19 no parece haberse librado de la corrupción, por ejemplo, varios documentos publicados indican que algunos hoteles supuestamente cobran subvenciones del gobierno a la vez que cobran a los ciudadanos para las cuarentenas obligatorias, siendo doblemente perjudicados.