11 de Marzo de 2020

EG Justice, el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial y la Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ) hacen un llamamiento a las autoridades nacionales e internacionales a la mayor muestra de contención ante un atropello más de la independencia judicial, como pilar de cualquier Estado de derecho. 

La independencia del poder judicial en Guinea Ecuatorial no está garantizada y es imprescindible que ningún Equatoguineano, entre ellos miembros del poder judicial o parlamentarios,  vea sus derechos atropellados de manera arbitraria o en disconformidad con la ley. 

El 10 de febrero, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia denunció que estaba siendo perseguido desde que declaró en un acto público que el Juez José Esono Bindang había fallecido “en dependencias policiales”. Tras esa denuncia fue cesado en Agosto de 2018 y nunca se investigó la muerte por supuestas torturas sufridas del fallecido juez en la comisaría central de Malabo. Desde entonces, el Sr. Ondo Angue se convirtió en la diana de ataques del Ministro de Justicia ante el comité de derechos humanos por graves irregularidades en el desempeño de sus funciones, y se le ha limitado su libertad de movimiento. En ningún momento, y como pare ya costumbre en Guinea Ecuatorial, se le ha comunicado investigación alguna de acuerdo con la legislación vigente en el país. 

“La actitud del gobierno contradice los compromisos asumidos por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, sobre la necesaria independencia del poder judicial o los compromisos ante el proceso EITI que implican la las garantías de libertad de expresión que deben regir en el país”, ha indicado Alfredo Okenve, Vicepresidente del CEID, organización que ha sido disuelta en Guinea Ecuatorial pero sigue registrada en España. 

Guinea Ecuatorial ha ratificado la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo los cuales que exigen que se respete especialmente las detenciones arbitrarias, la tortura, etc. Sin embargo, los malos tratos y torturas siguen son frecuentes en Guinea Ecuatorial.  

“Si el Sr. Ondo Angue es detenido, o si se presenta voluntariamente al Ministerio de Seguridad, como se lo exige el gobierno, será tratado como muchos de los jueces que han sido detenidos en los últimos meses y que, nos consta, han sufrido torturas bajo detención, con independencia de su supuesta implicación en hechos de los que se les acusa”, ha recordado Tutu Alicante, director de EG Justice que reclama al Estado que también debe esclarecer dichos casos con la mayor urgencia.

EG Jusice, CEID y la CEJ quieren recordar a las autoridades del país que deben respetar la normativa nacional e internacional. Debe recordarse que las violaciones graves de los derechos humanos pueden tener consecuencias penales para sus perpetradores por lo que se llama a la máxima contención a las autoridades del país.

“Además de las leyes nacionales que protegen a todos los ciudadanos, la ley nacional incluso recoge un aforamiento particular para antiguas personalidades como la del presidente de la corte suprema” ha declarado M. Jesú Bikene que ha añadido que “desde la CEJ no entramos a valorar el fondo del posible proceso judicial, pero deploramos que no se haya seguido procedimiento alguno en este y muchos casos más del poder judicial, lo cual refleja la ignorancia de la legislación vigente.” 

Por último, EG Justice, CEID, y la CEJ llaman a la comunidad internacional, particularmente, al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, a que resalten ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial la trascendente necesidad de que se adhiera al imperio de la ley y respete el debido proceso y privilegios de personas aforadas, como son los miembros del poder judicial. Así mismo, rogamos exijan al gobierno de Guinea Ecuatorial que responda a las acusaciones de detenciones arbitrarias y tortura a otros miembros del poder judicial.