La Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ) estuvo representada en la 11.ª sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CoSP11), celebrada en Doha, Qatar, del 15 al 19 de diciembre de 2025. Su secretario, Lucas Oló Fernandes, intervino en dos paneles, uno  dedicado al retorno de activos procedentes de la corrupción, una cuestión de especial sensibilidad para los países de origen de esos recursos. En el segundo panel se debatió acerca de la labor crucial de colaboración con periodistas de investigación para poder investigar casos de corrupción en general y preservar la libertad de expresión como clave para una sociedad más justa. 

La CoSP constituye el principal foro multilateral de seguimiento y evaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y reúne a Estados, organismos internacionales, expertos y representantes de la sociedad civil para debatir estrategias de prevención, persecución y reparación de los efectos de la corrupción a escala global. El encuentro de este año fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en coordinación con el país anfitrión, Qatar.  Guinea Ecuatorial ratificó la Convención en 2018.  

En ese marco, el secretario de la CEJ participó en el panel titulado “Innovative Practices in Asset Return Cooperation” (prácticas innovadoras en la cooperación para el retorno de activos), junto a representantes de Transparency International Brasil. La sesión se centró en el análisis de mecanismos innovadores para la recuperación y devolución de activos obtenidos ilícitamente, con especial atención a la cooperación internacional y al papel de los actores no estatales en estos procesos. Se destacó que la devolución efectiva requiere no solo acuerdos entre gobiernos, sino también confianza, vigilancia ciudadana y proyectos centrados en el interés público. 

En este panel participaron representantes de instituciones gubernamentales de Suiza y de Nigeria, así como oenegés de países como Nigeria y personal de UNODC.  

A propósito, y como aporte contextual, tenemos el reciente acuerdo entre Guinea Ecuatorial y Suiza, un caso que ilustra la importancia del principio de retorno de bienes. Se trata del proceso culminado en Suiza en septiembre de 2025, cuando se formalizó un acuerdo para la restitución de 22,8 millones de francos suizos incautados en procedimientos penales por corrupción. Conforme a lo pactado, los recursos deberán destinarse a programas de atención primaria de salud en cuatro provincias del país que serán acompañados de mecanismos de seguimiento orientados a garantizar transparencia y un impacto real en la vida de la población. Sin embargo, en este acuerdo, tal y como se denunció durante la CoSP, tanto Guinea Ecuatorial como Suiza no han abierto un proceso de consulta con la sociedad civil, ni abordado las garantías para esta participación, especialmente en la labor de monitorización social de los proyectos aprobados.   

En el segundo Panel se insistió en la importancia de que las libertades fundamentales sean respetadas. En este sentido la protección de periodistas para que puedan desempeñar su labor de manera libre y supone en realidad una garantía de transparencia y rendición de cuentas, una obligación recogida en la convención. Se destacó también la dificultad de llevar a cabo denuncias judiciales precisamente por las trabas a investigaciones independientes. El panel estuvo moderado por la Plataforma Africana de Lanzadores de Alerta (PLAAF en francés), y participaron UNESCO y organizaciones de las Islas Salomon.