Ginebra, 27 de agosto de 2024. - Varios miembros de la sociedad civil Guineo-ecuatoriana participaron en la pre - sesión del Examen Periódico Universal (EPU) de Guinea Ecuatorial que tuvo lugar del 27 de agosto de 2024, en la sede de la ONU en Ginebra. 

La Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ), Somos Parte del Mundo (SPDM), el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEIDGE), EG Justice, y la Asociación Africana de la Educación para el Desarrollo (ASAFED) expusieron un resumen y las principales recomendaciones incluidas en los informes presentados previamente.  Las contribuciones se centraron en temas como la educación; los derechos de las mujeres y las niñas; derecho a la salud; tortura y detenciones arbitrarias; libertad de expresión; y derechos del colectivo LGTBIQ+. 

A lo largo de la jornada, se subrayó la importancia de que el gobierno de Guinea Ecuatorial cumpla con las recomendaciones internacionales en estas áreas críticas. 

En colaboración con el Colegio de Abogados de París, que presentó un informe sobre independencia judicial y la ONG Small Media Foundation, se mantuvieron reuniones bilaterales con diversas embajadas acreditadas en Ginebra, entre ellas la Embajada de Colombia, representada por el último Relator Especial para Guinea Ecuatorial, el señor Gustavo Gallón Giraldo, así como con las embajadas de Francia, España, USA o Gambia, entre otras. 

En estas reuniones, D. Cruz Melchor Eya Nchama, presidente de ASAFED, indicó que “es extremadamente preocupante la grave situación de los detenidos en la isla de Annobón, las detenciones arbitrarias, así como la suspensión injustificada de varios abogados”. 

Por su parte, Tutu Alicante de EG Justice, destacó que “la libertad de expresión y opinión son elementos ineludibles para la construcción de un Estado de Derecho”, por ello insistió en que “no tiene sentido que ninguna página web esté bloqueada, o que estén encarcelados ciudadanos por hacer uso de las redes sociales para compartir su opinión”.

En relación con los derechos económicos y sociales, Lucas Olo, en representación de CEIDGE, indicó que “una de cada tres mujeres guineanas ha manifestado haber sufrido violencia sexual, y más del 50% de las mujeres y niñas sufren pobreza menstrual”. En este contexto indicó que “la corrupción endémica supone desvíos de fondos que podrían dedicarse a programas de protección social”. Esta es una de las más de cincuenta recomendaciones realizadas en los informes.

Por último, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas, ONG registrada en España y en proceso de registro en Guinea Ecuatorial, reiteró su compromiso con los derechos humanos, insistiendo—mediante su presidenta, María Jesús Bikene Obiang—en que “la presentación de estos informes ante el EPU supone incluso una invitación al gobierno para colaborar con las oenegés en la implementación de las recomendaciones de las Naciones Unidas”.