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16 de Febrero de 2021
Durante la última semana han acaecido varios sucesos en Malabo. En un reportaje de RTVGE, un abogado dijo haber “tramitado la libertad” de su cliente con la entrega de 2 millones de francos (3000EUR) al Juez de Instrucción número 2 de Malabo. En el reportaje, los reporteros afirman que ni la fiscalía ni el Juez de Instrucción se molestaron en revisar las pruebas, dejando en libertad a dos acusados en el caso de corrupción en la empresa eléctrica nacional, SEGESA. Sorprende que se haya realizado un pago irregular a un juez y que este dato no esté siendo investigado por el Consejo Superior del Poder Judicial, como es requerido por la Ley Orgánica del Poder Judicial (ver vídeo de RTVGE con la noticia a continuación).
Por otra parte, la gendarmería detuvo, con relación al mismo caso, a otro abogado para que diera cuenta del paradero de su defendido. Ya viene siendo práctica habitual en Guinea Ecuatorial la identificación del abogado con su cliente, algo insólito que no guardaría ninguna diferencia con identificar a un médico con su paciente.
Ya en el pasado el abogado Fabián Nsue Nguema, miembro de la CEJ, fue detenido precisamente cuando iba a visitar a sus defendidos a la cárcel. A esto debemos añadir, además, las prácticas de jueces que dictan autos y sentencias según la afinidad política de los abogados, incumpliendo su obligación de hacer justicia.
Los ciudadanos también nos hemos quedado boquiabiertos por unas espeluznantes imágenes en redes sociales y en RTVGE. Se trata de imágenes donde se ve a un ser humano (supuesto ladrón) agredido brutalmente por los vecinos de un barrio con técnicas de tortura propias de Guantánamo. Parece que ni la fiscalía ni la policía han hecho nada para investigar estos hechos.
En otro de los procesos televisados sobre un caso de corrupción en la Tesorería del Estado, parecen haber desaparecido de la lista de acusados personalidades inicialmente involucradas en el proceso, generando una anomalía en la que la actuación judicial parece ser selectiva.
Los hechos de esta semana ponen de manifiesto, una vez más, la fragilidad de nuestro sistema judicial, la corrupción habitual en la justicia, la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad y la indefensión de las víctimas. Nos encontramos con un Poder Judicial que, se mire desde donde se mire, es incapaz de asumir sus obligaciones constitucionales, esperando que lo hagan otros poderes del Estado sin competencias para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Como mínimo, las autoridades deberían ser las primeras en conocer e interpretar la legislación para investigar los casos de corrupción en el seno del poder judicial. Por otra parte, los abogados deberían tener suficiente autonomía y garantías de no ser acosados con el fin de asegurar una defensa efectiva a sus clientes, un pilar básico de un Estado de Derecho. Por último, las autoridades deberían usar sus medios para investigar con urgencia las agresiones tan graves como las que circulan en redes y evitar que algunos ciudadanos se tomen la justicia por su cuenta. Tales agresiones deben ser investigadas a su vez y en todo caso, respetando los derechos de los acusados a su defensa y a un trato justo y humano.
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