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13 de mayo de 2024.- En una sesión de reunión celebrada el 11 de abril de 2024, los miembros de la Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ) en Malabo, se juntaron para analizar y validar los informes elaborados sobre monitorización de la aplicación en Guinea Ecuatorial de la Posición Común Africana sobre la Recuperación de Activos (CAPAR). Por otra parte, se diseminaron los 4 informes en los que la CEJ ha contribuido y que han sido presentados a Naciones Unidas en el Marco del Examen Periodico Universal.
La reunión comenzó con un enfoque enriquecedor sobre el taller dirigido a los miembros de la CEJ, consistente en un diálogo abierto y un intercambio de ideas sobre desafíos significativos en el ámbito jurídico del país. Concretamente debatieron sobre el reto que está suponiendo cada vez el ejercicio de la abogacía en el país y las dificultades de acceso a la legislación vigente, así como la ineficiencia en la aplicación de leyes promulgadas en el país.
Dentro de este contexto, CAPAR se refiere al compromiso político de los gobiernos africanos adoptado en el marco de la Unión Africana para promover una recuperación de activos eficaz y eficiente. CAPAR es una herramienta de evaluación orientada a racionalizar los marcos, las políticas y los recursos dedicados a la recuperación de activos y a desarrollar mejores capacidades de investigación, enjuiciamiento y gestión de activos restituidos en todos los Estados africanos.
Por ejemplo, todos los miembros coincidieron en que en Guinea Ecuatorial existe un marco legal para la gestión de activos, pero no se aplica plenamente y sigue presentando deficiencias.
La Comisión Nacional de Prevención y lucha contra la corrupción (CNPLCC) y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), instituciones creadas para abordar la corrupción y el blanqueo de dinero, tienen la responsabilidad de investigar y combatir delitos financieros, lo que incluye el seguimiento de activos ilícitos, sin embargo, estas instituciones o están inactivas o no cumplen con su función. Por ejemplo, con la Ley Núm 1/2021, de fecha 10 de mayo sobre la Prevención y Lucha contra la Corrupción en la República de Guinea Ecuatorial, se crearon y establecieron organismos colaboradores para la lucha contra la corrupción y control, pero estos, como los principales actores, no son eficaces en su trabajo, por cuanto que no rinden cuentas ni emiten informes públicos regularmente, ni tampoco ponen en marcha los mecanismos de cooperación con entidades en el extranjero y autoridades aduaneras de la CEMAC para la mejora de la situación en materia de bienes incautados, su recuperación y administración.
Por último, en la reunión hubo un apartado de comentario sobre los informes presentados en abril 2024 por la CEJ en el ciclo 4º del Examen Periódico Universal y debatieron sobre la situación de los derechos humanos en general en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación, la situación del derecho a la educación y la salud, las detenciones arbitrarias que llevan produciéndose en las diferentes regiones del país, las condiciones de detención y prisiones, así como el tráfico de personas. En los últimos cinco años se ha producido un deterioro en la situación de derechos humanos, siendo el año electoral 2022, uno de los peores que se recuerdan en Guinea Ecuatorial desde la llegada del multipartidismo en Guinea Ecuatorial.
La Comisión Ecuatoguineana de Juristas reafirma su compromiso de continuar abordando los desafíos legales y sociales del país, para el fortalecimiento de su sistema legal con el fin de promover la justicia y el estado de derecho en Guinea Ecuatorial.
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