10 de diciembre de 2025 – Día Internacional de los Derechos Humanos. -  La Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ), con el apoyo del Observatorio Basilé, publica hoy su informe “Violencia Basada en Género: una pandemia silenciosa, informe (2023–2024)”,  elaborado a partir de los casos registrados en el Observatorio de Derechos Humanos y Buena Gobernanza. El estudio analiza la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas en Guinea Ecuatorial y evidencia la falta de avances en materia de prevención, protección y respuesta institucional.

Más de la mitad de los datos documentados por el Observatorio en 2023 y 2024 corresponden a violencia contra mujeres y niñas. En este período se registraron 64 casos de vulneración de sus derechos, de las cuales el 8% tuvieron como resultado la muerte violenta de la víctima. El estudio incorpora además datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INEGE), que registró 794 casos de violencia de género entre 2023 y 2024, lo que confirma que el problema es mucho más profundo y extendido de lo que reflejan los casos publicados en medios y redes sociales.

En el plano normativo, el informe subraya que el marco legal sigue siendo insuficiente. A pesar de los compromisos internacionales y las recomendaciones reiteradas del Examen Periódico Universal (EPU), Guinea Ecuatorial aún no ha aprobado la Ley Integral contra la Violencia de Género anunciada desde 2018 y considerada indispensable por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos. El informe alerta, además, que las herramientas legales vigentes, como el Código Penal de 2022 o el decreto de protección de menores no se han traducido en una protección efectiva, ni han conseguido frenar el incremento de casos. En 2024, el propio parlamento alertó sobre el incremento de abusos a menores mediante una declaración institucional.

Las violaciones y abusos sexuales continúan siendo la forma de violencia más recurrente. El 31,25% de las víctimas eran menores de edad, muchas agredidas en el entorno familiar por padres, padrastros o familiares cercanos. El informe documenta asimismo casos de explotación infantil, matrimonios forzosos y trata de personas, que afectan especialmente a mujeres migrantes. En total, el 70,31% de los casos corresponde a mujeres y niñas en situaciones de especial vulnerabilidad, incluidas menores, migrantes, minorías étnicas y miembros de la comunidad LGTBIQ+. 

Esta realidad constituye una situación de violencia estructural, agravada por la pobreza, que, según el Banco Mundial en su reciente análisis, afecta de manera desproporcionada a las mujeres. 

En cuanto a participación de la mujer y representatividad, la CEJ señala que, pese a algunos avances previos, la representación femenina en puestos de toma de decisiones ha disminuido notablemente en 2025. Por ejemplo: solo 1 ministra (3,7%) forma parte del gobierno actual y la presencia de mujeres en las secretarías de Estado ha caído del 21,7% al 4,5%.

La CEJ insta al Estado a adoptar reformas urgentes y cumplir sus compromisos internacionales recordando que en el EPU 2025 el país aceptó 18 recomendaciones específicas en materia de derechos de mujeres y niñas, entre ellas la eliminación de la prohibición de escolarización a menores embarazadas y el fortalecimiento del acceso a la justicia para las víctimas.

Lea aquí el informe completo.  

Nota: 

Esta publicación ha sido elaborada por la Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ) con el apoyo del Observatorio Basilé, una iniciativa coordinada por CiFAR y financiada por la Unión Europea. Esta acción tiene como objetivo promover los derechos humanos y fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil en Guinea Ecuatorial. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la CEJ y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea ni de CiFAR.