Índice Ibrahim de Gobernanza Africana (IIAG) 

El Índice Ibrahim de Gobernanza Africana (IIAG, por sus siglas en inglés) proporciona una evaluación exhaustiva del desempeño de la gobernanza en los países africanos. La puntuación general de gobernanza de Guinea Ecuatorial en el IIAG 2024 fue de 30,1 sobre 100, lo que la sitúa en el puesto 50 de 54 países africanos. Esta puntuación es significativamente inferior a la media africana de 49,3 y a la media regional centroafricana de 39,9.  

El IIAG destaca varias áreas de preocupación, incluida la falta de rendición de cuentas, la mala administración pública y la limitada participación política. Las bajas puntuaciones del país en categorías como los mecanismos de lucha contra la corrupción y el estado de derecho ponen de relieve los mismos problemas sistémicos que obstaculizan una gobernanza eficaz como se ve en el IPC.  

Informe de Freedom House 

Los informes anuales de Freedom House evalúan la situación de los derechos políticos y las libertades civiles en varios países, clasificándolos en categorías de “Libre”, “Parcialmente Libre” o “No Libre”. Guinea Ecuatorial ha sido calificada de manera constante como “No Libre”, lo que indica una grave situación en materia de derechos humanos.  

En este informe de 2025, el país obtuvo una puntuación de 5 sobre 100, con 0 en derechos políticos y 5 en libertades civiles. El informe señala por ejemplo que las elecciones no son ni libres ni justas. Por otro lado, también señala que se detiene con frecuencia a políticos de la oposición o se reprime a la sociedad civil . Además, expone que el poder judicial no es independiente, y las fuerzas de seguridad actúan con impunidad ante actos de tortura, por ejemplo. 

La situación sobre el terreno: corrupción 

Tanto el Índice de Percepción de la Corrupción como el Índice Mo Ibrahim y el informe de Freedom House nos sitúan a la cola mundial o de África, colocando a Guinea Ecuatorial entre los 10 países más corruptos y entre los 5 países africanos por nivel de gobernanza.  

Estos índices pueden deberse a que no se ha conseguido implementar muchas de las normas que se han elaborado. Por ejemplo, la ley anticorrupción sigue sin un reglamento de aplicación. El primer presidente de la constituida Comisión Nacional Anticorrupción fue sustituido sin que se conozca su balance. Las declaraciones de patrimonio exigidas legalmente tampoco han sido cumplidas como exige la ley, tampoco parece que se hayan respetado los procesos de contratación pública en muchos contratos de relevancia internacional como los puertos, petróleos, etc. Finalmente hay que destacar que en la práctica se han investigado muchos casos de corrupción, por ejemplo, el caso CEIBA (aviación) o el caso SEGESA (electricidad), todos parecen haberse cerrado en falso a tenor de las deficiencias persistentes en estas compañías limitando la capacidad de los ciudadanos de desarrollar su actividad y sus derechos fundamentales.  

La situación sobre el terreno: Derechos Humanos 

En cuanto a los derechos humanos, tal y como se destacó en los informes del Examen Periódico Universal, habría que destacar leves avances como: 

1. La eliminación de la pena de muerte del código penal. Sin embargo, esta pena no fue eliminada del código de justicia militar, una jurisdicción que juzga en la práctica también a civiles.  

2. La ley sobre salud sexual y reproductiva habla de la eliminación de la ablación o mutilación genital femenina, sin embargo, no es una práctica habitual en Guinea Ecuatorial. Este extremo no fue destacado por el gobierno en su último informe si bien se menciona la gratuidad de la asistencia sanitaria a mujeres embarazadas.  

3. La firma de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, que todavía no se ha traducido en cambios tangibles.  

Sin embargo, durante el año 2024 se han destacado actos que justifican un claro retroceso en materia de derechos humanos:  

un caso emblemático es el del abogado y defensor de derechos humanos Anacleto Micha Ndong Nlang, cuya situación fue denunciada en una comunicación de la Relatora Especial de la ONU. Tras varios meses en detención en 2023 y tras su liberación, fue de nuevo detenido en enero de 2024 tras denunciar torturas mientras estuvo en prisión. En abril de 2024 desapareció de la prisión de Black Beach, y en julio se confirmó su traslado al centro penitenciario de Oveng Azem. Desde entonces no se ha tenido información sobre su estado actual a pesar de la comunicación de la ONU. 

Desde julio de 2024, al menos 40 personas hombres y mujeres fueron detenidos en Annobón, Malabo y Bata por manifestarse en contra de la explosión de dinamitas en Annobon o por llevar comida a los ya detenidos por dichas protestas. Algunas personas han sido liberadas, pero 37 siguen arrestadas y al menos 26 se encuentran incomunicados en Oveng Azem, una acción contraria a derecho.  

A pesar de que se indultó a 3 activistas, en 2024 se ha destacado la detención de defensores de derechos humanos o activistas como el mencionado Anacleto Micha, Joaquín Elo Ayeto o Liberato Biacho Bielo, los cuales permanecen en prisión sin que se dé curso a su procedimiento judicial. Incluso el abogado Ángel Obama fue detenido durante 48 horas cuando acudió a asistir al activista Joaquín Elo Ayeto y luego fue suspendido durante 6 meses. Otra abogada, Gemma Jones, también fue suspendida tras manifestaciones críticas con el gobierno.  

En cuanto a los derechos sociales, cabe destacar el caso del descubrimiento de los libros de texto almacenados y muchos deteriorados cuando en la mayoría de las escuelas faltan libros. En muchos casos los padres deben pagar matrículas elevadas para seguramente cubrir la falta de libros.   

En relación a la igualdad de género, a pesar de una mejora en la representación de la mujer en instituciones con el nombramiento de una primera ministra que luego fue sustituida, se mantienen claras discriminaciones a las niñas embarazadas, se sigue registrando una elevada tasa de violencia contra las mujeres según datos del propio Gobierno y Naciones Unidas, y el trato discriminatorio en comisarías, juzgados e instituciones públicas es habitual.  

Conclusión  

Desgraciadamente los índices internacionales no están lejos de la realidad. Por ello la defensa de las acciones del gobierno hecha por el Ministro Reginaldo Biyogo ante el Consejo de Derechos Humanos parece que no tienen reflejo en la realidad del país.  

Es importante un buen sistema de gobernanza donde la fortaleza de las instituciones pueda perseguir la corrupción de manera justa y para que la gestión de empresas o administraciones que ofrecen los servicios de salud, educación, electricidad o agua sean eficientes y no beneficien a particulares en detrimento de la población.  

El uso de las fuerzas de seguridad y los jueces para reprimir las quejas de la población o garantizar la impunidad de la corrupción tienen como consecuencia la pérdida de los ingresos del petróleo. La corrupción en servicios básicos, perpetúa la pobreza y restringe derechos fundamentales.  

Los persistentes problemas de corrupción y las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial están profundamente entrelazados.  Los índices internacionales como el IPC, el IIAG y los informes de Freedom House en contraposición a las afirmaciones del Ministro de Justicia sobre los avances en derechos humanos, muestran que la corrupción y la falta de derechos son habitaules en el país.  

Para lograr un cambio real debe mejorar la transparencia, fortalecer las instituciones democráticas y garantizar los derechos fundamentales. 

Para que un sistema de gobernanza sea resiliente es importante que los ciudadanos tengan mecanismos para proteger y reclamar sus derechos, es decir, necesitan que su libertad de expresión o manifestación no se perciba como un ataque, sino como una contribución a la construcción de un país mejor, un país cuyos ingresos financieros tan elevados garanticen unos servicios mínimos y por ello un nivel de vida fuera de la pobreza. Solo así mejorarían los índices internacionales y, aún más importante, mejoraría la sociedad guineana.